Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla se encuentran en el Norte de África a una distancia entre sí de 382 kilómetros. El espacio configurado por éstas conjuntamente con las regiones de Tánger y Nador es el espacio en el que se encuentra el mayor número de población migrante que pretende llegar a Europa, ya sea de manera terrestre o mediante vía marítima.

La ciu­dad de Ceu­ta, que cuen­ta con 85.000 ha­bi­tan­tes cen­sa­dos, tie­ne una su­per­fi­cie de 19 ki­ló­me­tros cua­dra­dos ro­dea­dos por una va­lla de 8 kilómetros. Melilla tiene alrededor de 84.000 habitantes y cuenta con una superficie de 12 kilómetros cuadrados rodeada por una valla de 12 kilómetros de largo. Ambos territorios cuentan con una gran presencia de fuerzas y cuerpos de seguridad. Sorprende además la presencia de nombres de calles y estatuas de generales franquistas.

Entre Melilla y Marruecos hay un paso fronterizo internacional denominado Beni Ensar por el cual han de pasar todas aquellas personas que no cuenten con el permiso de entrada por el acuerdo de vecindad (región de Nador). Ceuta cuenta con un paso fronterizo internacional que se le denomina como Tarajal. El tiempo de tránsito en las dichas fronteras suele ser de entre 2 y 5 horas, sobre todo si se quiere cruzar en coche en las franjas horarias con más tránsito. En Melilla además hay 3 pasos para las personas de la región y en Ceuta se ha habilitado recientemente uno a unos metros del internacional.

La población proveniente del África negra no puede caminar tranquilamente por Nador debido al alto grado de racismo institucional y social existente. Se enfrentan a agresiones y detenciones por parte de la policía así como a agresiones por parte de sectores de la población, tal y como ha acontecido en numerosas ocasiones. En la zona de Tanger, si bien existe un fuerte racismo y se han dado también episodios violentos por parte de la policía y de sectores de la población, las personas provenientes del África negra sí que pueden transitar con menos riesgo en zonas urbanas o rurales.

En el año 2014 la represión policial generó el desmantelamiento del campamento del Gurugú, el más grande en ese momento. En la actualidad hay alrededor de 20 campamentos que se ubican en la sierra que rodea Nador en los que hay alrededor de 3000 personas. Algunos campamentos están enfocados a la espera para pasar en patera y en cambio el Gurugú es la antesala del salto a la valla de Melilla. Las condiciones son de extrema pobreza. Hay muchas dificultades por parte del gobierno para que las organizaciones puedan realizar su trabajo.

En los montes cercanos a Ceuta aguardan de manera temporal las personas que intentan dar el salto a la valla. Sin embargo, el período de espera más largo antes de intentar entrar a través de la valla a Ceuta o por vía marítima se realiza en campamentos precarios que existen en las afueras de Tanger. Varios de ellos se encuentran cerca del barrio de Boukhalef, habitado mayoritariamente por población migrante.

En los campamentos aproximadamente un 30 % de las personas que los habitan son mujeres. La mayor parte está a la espera de poder embarcar en una patera, ya que las entradas a través de la valla son muy pocas. Las organizaciones que trabajan en los campamentos detectan situaciones de violencia sexual durante el recorrido migratorio, así como algunas de ellas realizan el viaje en el seno de organizaciones de trata. También se ha detectado que dependiendo de la edad de los hijos las mismas pueden permanecer mucho más tiempo en los campamentos.

Las intervenciones policiales en los campamentos son una constante. En dichas redadas las personas relatan que se suele producir quema de tiendas y de bienes personales, agresiones y detenciones de personas que son trasladadas a otros puntos de Marruecos alejados del norte. Muchas lesiones se producen debido a las condiciones de la huida ante la intervención policial. Organizaciones locales han detectado que las situaciones de tortura o malos tratos contra la población migrante se producen de manera sistemática.

El dispositivo fronterizo está formado por una valla de 3 metros de altura llena de concertinas en el lado marroquí. Posteriormente hay una zanja en el suelo de varios metros. Justo después se encuentra la prima valla española de 6 metros, inclinada para dificultar la subida, dotada con al menos dos filas de concertinas y una malla antitrepa. Posteriormente hay un dispositivo de cables de acero y una segunda valla inclinada de 3 metros. Finalmente la última valla es recta y cuenta con 6 metros.

En el dispositivo fronterizo se han producido situaciones de agresiones por parte de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por un lado, situaciones en las que se han realizado agresiones injustificadas, también situaciones en las que la intervención provocado caídas, así como situaciones en las que se ha permitido que las fuerzas marroquíes agredieran dentro del perímetro español. Sin embargo, no existe un registro oficial de dichas situaciones así como no se han investigado adecuadamente por las autoridades judiciales y administrativas.

A pesar de que el gobierno introdujo a través de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana realizó una modificación de la ley de extranjería en la que se permitía el rechazo en frontera de aquellas personas que fueran interceptadas en el momento de la entrada, dicha normativa es contraria al derecho internacional de los derechos humanos en materia de devoluciones, así como en materia de asilo y como en materia de protección a la infancia.

Tanto las organizaciones que trabajan en la zona marroquí como las que trabajan en Ceuta y Melilla indican que tras un intento de salto son muchas las personas que sufren heridas fuertes como consecuencia de su paso por el dispositivo agresivo del vallado, tales como cortes profundos, fracturas, lesiones musculares graves. Asimismo, muchas personas acaban heridas fruto de las agresiones de la policía marroquí y también de la española en muchas.

Distintas organizaciones nacionales e internacionales denuncian, por una parte, que la Directiva de la Unión Europea sobre las condiciones de acogida no ha sido traspuesta y que no se aplica en los CETI. Por otra parte, denuncian que la falta de un reglamento que regule su funcionamiento interno genera situaciones de arbitrariedad e inseguridad jurídica.

En los CETI no hay mecanismos de protección específicos. Las mujeres que han podido ser víctimas de trata se encuentran en ocasiones conviviendo en el centro con su tratante y tampoco hay mecanismos establecidos para las personas LGTBIQ+. Además, las habitaciones se organizan por nacionalidades, sin tener en cuenta los conflictos que en ocasiones existen entre diferentes comunidades de un mismo país.

En los CETI no hay un procedimiento sancionador. Las sanciones aplicadas a las personas que se encuentran en los mismos son tomadas de manera discrecional por los funcionarios y efectivos de la seguridad privada. Muchas veces las sanciones se traducen en expulsiones del CETI por un periodo de tiempo indeterminado para la persona a la que se le aplica la sanción.

La sistemática sobreocupación en los CETI hace prácticamente imposible la identificación temprana así como dar respuesta a las particularidades de cada persona. En octubre de 2016, había 979 personas en el CETI de Melilla que tiene una capacidad de 796 plazas, y 631 personas en el CETI de Ceuta con 521 plazas. Éste último, en Diciembre de 2016 ha llegado a tener más de 1200 personas.

El Gobierno, empleando el régimen especial que tienen Ceuta y Melilla, en relación al Acuerdo de Schengen de la Unión Europea, no permite el paso de las personas solicitantes de asilo a la Península. La única excepción es la de las personas de origen sirio que desde el año 2016, tras diferentes protestas lograron reducir los tiempos de espera. Dicha espera en el CETI es superior para las solicitantes de asilo que para las que no lo solicitan. Este hecho desincentiva las solicitudes y, como consecuencia, potencia la posibilidad de llegar a Península en situación de irregularidad administrativa así como de ser devuelto al país de origen.

Tras la presión de la Comunidad Internacional el gobierno abrió oficinas de asilo en los puestos fronterizos en 2015. Sin embargo, a las personas originarias de países del África negra se les impide el acceso a dichas Oficinas. Distintas organizaciones señalan bloqueos, agresiones y detenciones por parte de la policía marroquí si se acercan a los puestos fronterizos. Así, sólo les queda intentar saltar la valla para acceder a territorio español.

El mecanismo habitual de acceso a territorio español para los ciudadanos sirios es, según han detectado distintas organizaciones, el alquiler o venta de pasaportes marroquíes, junto con sobornos a intermediarios para que la policía marroquí les permita el acceso, lo cual asciende aproximadamente a 1000-3000€ por persona.

Distintas organizaciones locales e internacionales llevan años denunciando la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran los menores no acompañados: denuncias por malos tratos por parte de la policía y de los funcionarios de los centros de acogida, además de devoluciones de menores a territorio marroquí.

Según la Asociación Harraga el 92% de los menores no acompañados que han pasado por un centro de menores en 2016 y que lo han dejado señalan situaciones de violencia como el motivo por el cual han preferido dejarlos: castigos psicológicos o físicos, hacinamiento y pésimas condiciones higiénicas son habituales en dichos centros de menores.

Los menores no acompañados en situación de calle afrontan diariamente la violencia policial y la exclusión social. Una cuarta parte declara haber sido expulsado hacia territorio marroquí al menos una vez tras una redada policial. Además, las duras condiciones de vida a las que se enfrentan suelen conducir a situaciones de mendicidad o drogadicción.

Cuando los menores no acompañados cumplen la mayoría de edad, muchos quedan en situación de irregularidad administrativa después de haber salido del circuito de tutela. Con la tarjeta extinguida o caducada, pasan a ser sujetos potencialmente expulsables del país y en muchas ocasiones caen en la irregularidad antes de poder cruzar a la península.

Se calcula que aproximadamente 50.000 trabajadores transfronterizos cruzan a diario las Fronteras entre Marruecos y Ceuta y Melilla. Entre ellos, las porteadoras: mujeres que transportan bultos de hasta 80kg desde territorio español hacia Marruecos. Son en su mayoría mujeres marroquíes de entre 35 y 60 años, con un salario que oscila entre los 3 y los 5 euros por bulto. La imposibilidad de acceso a la seguridad social y los abusos policiales reflejan sólo una parte de la realidad cotidiana de estas mujeres.

En Melilla, las porteadoras entran principalmente por el paso del Barrio Chino aunque también lo hacen por el de Farhana. En Ceuta, el transporte de mercancías se realiza por el Tarajal y solían salir por el paso de Biutz, también conocido como la jaula o el túnel, ahora cerrado. Una de las causas de las principales vulneraciones de derechos que sufren las porteadoras es la estructura de dichos pasos, que dificulta su tránsito, produciendo situaciones de tensión, amontonamiento e incluso avalanchas.

La violencia policial a ambos lados de la Frontera es una de las quejas recurrentes tanto de las porteadoras como de las personas que trabajan en la zona. Es habitual que vean sus bultos rasgados o requisados, y que se enfrenten a situaciones de violencia verbal y física. La gestión de los pasos se realiza por los policías que no están preparados para dicho trabajo, que requiere capacidad de diálogo y mediación.

La situación de vulneraciones de derechos ha llegado a situaciones en las que personas se han visto heridas. Incluso, las avalanchas han producido algunas muertes entre las porteadoras. En el año 2008, murió Safia Azizi en el paso del Barrio Chino de Melilla y en el 2009, fallecieron Busrha y Zhona aplastadas y asfixiadas en una avalancha en el paso del Tarajal en Ceuta. Las porteadoras insisten sin embargo en que se han producido más casos de muertes que no han sido documentados.

Inicialmente intentamos tomar una foto a Melilla desde el monte “Gurugú” que aparece al fondo de la imagen. Minutos después, fuimos interceptadas, tras 8 horas de seguimiento, por dos coches y una moto de la policía marroquí que nos obligaron a mostrar y borrar las imágenes que habíamos tomado, llegando a amenazar con detenernos. Fue tan solo un ejemplo de la represión existente en la Frontera Sur.

Diversas organizaciones y activistas que trabajan en Ceuta y Melilla han denunciado en numerosas ocasiones la dificultad de defender los derechos humanos debido a la represión policial que sufren: multas impuestas en base a la Ley de Seguridad Ciudadana, amenazas, agresiones y persecución constantes, confiscación de cámaras y material audiovisual, y acusaciones falsas por delitos no cometidos.

Llevar a cabo la denuncia de vulneraciones de derechos hacia la población migrante en Marruecos es prácticamente imposible, debido al control, amenazas y seguimiento policial que sufren activistas y organizaciones. Son varios los periodistas y defensores que, tras verse sometidos a un fuerte control y haber recibido avisos intimidatorios, han sido expulsados del territorio marroquí.